Nadie dice que sean propietarios. Hay gestores que explotan pisos que no son suyos, porquese se los ceden los propietarios. Una amiga me contaba que puso un anuncio de un piso muy céntrico en Madrid para alquilar y solamente le llamaban gestores para que se lo cediera en alquiler turístico.
Esos gestores son el tipo de negocio que está surgiendo de AirBnB y ellos no tienen alternativa porque si el propietario se pasa a un alquiler tradicional pierden su fuente de ingresos.
Las feministas no quitamos el derecho a decidir sobre su propio cuerpo a ninguna mujer. La que quiera fecundarse, gestar y parir para otrxs puede hacerlo. Es más, siempre ha podido. Cualquier mujer puede renunciar a la matria potestad de sus hijxs. incluso recién nacids, teniendo el padre biológico derecho prioritario a la f¡liación del bebé como hijx. Esa mujer conserva en todo momento durante la gestación su facultad de decidir sobre su propio cuerpo y. después del parto. conserva los derechos sociales y laborales (prestación y permiso por maternidad) asociados a la maternidad aunque renuncie a ella.
Entonces ¿para qué se necesita una ley de 'gestación subrogada' garantista si no hay nada más garantista que la legislación vigente? Esa es la cuestión?
Necesitan una ley de 'gestación subrogada' para borrar jurídicamente a la mujer gestante: para que renuncie por contrato a decidir sobre su propio cuerpo. Necesitan una ley de 'gestación subrogada' para borrar a la madre: para que no se vuelva atrás en su intención primera de renunciar a la matria potestad. Necesitan una ley de 'gestación subrogada' para que no quede ni rastro de esa mujer en la
historia del bebé, empezando por la partida de nacimiento, Necesitan una ley de 'gestación subrogada' para que la madre sea un mero producto residual en la fabricación de ese bien tan ansiado.
#2 en algunas CCAA los padres de acogida no pueden adoptar al niño. Y me parece bien porque eso ayuda a que sean más conscientes de cuál es su papel. Los padres adoptivos están manipulando al niño, dando un penoso espectáculo. Y todo por no querer aceptar la realidad: son una familia de acogida.
El problema es que quienes realizan las inspecciones tienen incentivos a "inventarse" los fraudes, puesto que un cambio normativo reciente (de 2013) inventado por el Ministro Soria les premia con una comisión de un 20 por cien de los peajes. Y ahí empezó todo.
Es como si de repente le confía la labor policial a agentes privados y se les permite que se queden con parte del dinero de las multas. Si un funcionario inventa pruebas en contra de alguien le puede caer un puro muy gordo y perder el trabajo. En cambio, si lo hace un empleado de una eléctrica no le pasa nada y además le premian por el resultado.
No hay nada peor que atribuir a empresas privadas roles de autoridad, ya lo vimos con la SGAE.
En todos los países (inluido EEUU) la actividad de distribución eléctrica (que se encarga, entre otras cosas de detectar los fraudes) es pública, como lo son las carreteras, o las infraestructuras. Aquí en España las empresas de distribución son privadas y ¿por qué? por razones históricas, esto viene de la época de Franco, cuando unas pocas familias se repartían el mercado. Pero en el mercado de la distribución no tiene ningún sentido que haya empresas privadas porque estamos ante un monopolio natural (a diferencia de la comercialización o la generación) y por ello no puede haber empresas compitiendo. De manera que atribuir este mercado a una empresa lo convierte en un mecanismo legal de extracción de rentas. Actualmente la distribución eléctrica está encomendada a monopolios de ámbito regional o supralocal.
Y aún hay quien se pregunte por qué en España tenemos la factura más alta de Europa.
Someter la posibilidad de grabar los plenos municipales a autorización previa suena a censura franquista y ahora el TS ha dicho que efectivamente lo es.
Lo que quieren es que nadie se escape de arrimar el hombro para pagar el déficit de tarifa. 28.000.000.000 € que NO ha sido auditado porque PP y PSOE se han negado a ello.
Y qué me decís del fichaje de Tania Sánchez? Una trepa de manual... Además de incompetente. Siendo concejala no sabía " que el contrato (a la cooperativa de su hermano) se estaba adjudicando en aquel momento" para potar...
Todos los consumidores pagamos el importe de ese fraude pero ojo!!! No se le puede dar ese control a las empresas y tiene que hacerlo el Estado. De otra forma esto va a acabar como lo de la SGAE.
#1 lacabezaenlasnubes 