El 90 % de los agricultores está a favor de que la Política Agraria Común contemple criterios ambientales. Su desacuerdo está, entre otras cosas, en que un 80% considera que se han diseñado estos planes sin contar con ellos.

España es un importador neto de cereales, con un déficit estructural de la balanza comercial. La producción nacional no llega a cubrir las necesidades. La mayor parte de la superficie de cereales otoño-invierno se cultiva en secano, mientras que el maíz y el sorgo se cultivan en régimen de regadío. Se importa principalmente maíz, seguido de trigo blando. Los mayores exportadores de granos serían, por orden de importancia, USA, Ucrania, Rusia, Argentina, UE y Canadá.

Seis décadas de luces y sombras, que reflejan la evolución del Estado español, con su modernización agraria, del lado positivo, pero con asignaturas pendientes como la rentabilidad, el relevo generacional o el reparto equilibrado del valor entre agricultores, industria y supermercados. La PAC afecta a diez millones de empresas de la Unión Europea y a 22 millones de trabajadores y cuenta con 387.000 millones de euros en el nuevo presupuesto hasta 2027, de los que 47.724 millones serán para España –tercer receptor– y sus 695.000 beneficiarios.

La población mundial crece exponencialmente, con 6000 millones de personas al principio del milenio y unos 10000 millones estimados para el año 2050. La demanda de alimentos se incrementará. Para satisfacerla es necesario aumentar la superficie cultivable, limitada a la extensión máxima de tierra para usos agrícolas y ganaderos. También, el volumen de recursos hídricos potencialmente utilizables tiene un valor máximo que no puede superarse. En la actualidad, el 70% de los recursos hídricos de la Tierra se destina a producir alimentos.