Partiendo de la doctrina contenida en la STS n.º 174/2021, de 9 de febrero de 2021, ECLI:ES:TS:2021:681 , la Sala de lo Social declara que la empresa carece de la facultad de imponer unilateralmente cualquier clase de servicio mínimo, por mucho que su actividad pudiere estar vinculada a la prestación de servicios públicos de carácter esencial.