Respuesta de un empresaurio empresario de Hostelería a una persona interesada en un puesto de camarero

Concluyen que "el hecho de que la lesión tenga etiología común no excluye que el trabajo pueda ser factor desencadenante"

La Policía Nacional de Yecla ha detenido a un hombre y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 39 y los 54 años, como presuntos autores de un delito de tráfico ilegal de mano de obra en labores agrícolas.

El Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao ha estimado la demanda presentada por la viuda de un trabajador fallecido a causa de un adenocarcinoma pulmonar, derivado del amianto, que reclamó un recargo del 50% de las prestaciones por la falta de medidas de seguridad, contra el INSS, TGSS, Cofivacasa SA y Aceros Inoxidables Olarra. Las empresas han sido así condenadas al pago solidario del recargo del 50% de las prestaciones económicas de la Seguridad Social, con efectos desde 2018.

La pandemia dispara las inspecciones y destapa la precariedad laboral. Solo este año, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife han aflorado 1.000 trabajadores en situación irregular, mientras que otros 1.800 han pasado de temporales a indefinidos por estar en fraude de ley. Además, se han detectado cerca de 500 empleados con infradeclaración de jornada.

El Juzgado acepta la reclamación de la enfermera de Huelva y reconoce su derecho a ser indemnizada con 1.258,55 euros por responsabilidad patrimonial de la Administración en los errores que provocaron que se omitiera su llamamiento en la Bolsa de Empleo.

La empresa Sephora despidió a tres trabajadoras por participar en un vídeo de humor en el que denunciaron sus condiciones laborales.

Según la sentencia, la versión del trabajador "cuenta con indicios de verosimilitud" por cuanto él mismo ha aportado pantallazos y mensajes que evidencian que ponía en conocimiento de la empresa los problemas de conexión, y una compañera suya, que compareció en la vista, ratificó los "constantes fallos de conexión".

Una sentencia judicial pionera ha establecido que el periodo del ERTE por covid debe contar como cotizado en una posterior prestación por desempleo ordinario. El caso ha sido promovido por LAB y suscita gran interés en el ámbito jurídico y social por la cantidad de personas afectadas en el Estado.

Estas fueron algunas conclusiones de lo que sucede en Huelva desde el punto de vista del ordenamiento jurídico: 1. Discriminación en la selección en origen 2. Incumplimientos en material laboral 3. Incumplimientos en material de prevención de riesgos laborales 4. Vulneraciones de derechos fundamentales 5. Discriminación por razón de Sexo y Acoso Sexual 6. Indicios de trata laboral 7. Ausencia de dispositivos para el asesoramiento de derechos 8. Insuficientes actuaciones de la Inspección Laboral 9. Insuficientes actuaciones judiciales

En México el trabajo infantil no ha sido erradicado, puesto que el 11.5 % de las niñas y niños de 5 a 17 años, es decir 3.3 millones, realizan ocupaciones no permitidas o bien, realizan quehaceres domésticos no adecuados.

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a seis meses de prisión y multa de 540 euros a dos empresarios panaderos que reconocieron en el juicio haber abusado laboralmente de 18 empleados aprovechándose de su estancia irregular en España y de su escasa formación.

La Inspección de Trabajo comprobó que algunos empleados de Caser realizaban entre nueve y 10 horas de jornada sin que les fuesen reconocidas ni abonadas como horas extraordinarias, por lo que ha procedido a levantar un acta de infracción, según confirmaron en fuentes conocedoras del expediente.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado "procedente" el despido acometido por un banco sobre un gestor comercial de una oficina bancaria del distrito San Pablo-Santa Justa de Sevilla capital que, ante el cierre de dicha sucursal por la "redimensión" de la red de oficinas de la empresa, no aceptó una propuesta de traslado a Andújar (Jaén).

Tal y como recoge el medio Economist & Jurist, la sentencia dice: "No se trata de imágenes relativas a la vida privada del trabajador, sino del registro fotográfico de una actividad dentro del marco de la prestación de servicios, realizada dentro del lugar de trabajo, en hora de trabajo y mientras se desarrolla la actividad laboral".

El tribunal ha destacado que "no cabe duda" que la norma tiene "naturaleza de prevención de riesgos laborales" con lo que tiene que ser "interpretada y aplicada en el sentido más favorable a la finalidad de la misma, singularmente la preservación de la salud de los trabajadores y la evitación de toda alteración de la misma que pueda producirse como consecuencia del trabajo".

Así lo ha considerado el Juzgado de lo Social nº 1 de Cáceres, que ha estimado la demanda interpuesta por un trabajador que sufrió una angina de pecho después de que su empresa, en la que llevaba 25 años, le comunicara que iba a ser despedido.

Partiendo de la doctrina contenida en la STS n.º 174/2021, de 9 de febrero de 2021, ECLI:ES:TS:2021:681 , la Sala de lo Social declara que la empresa carece de la facultad de imponer unilateralmente cualquier clase de servicio mínimo, por mucho que su actividad pudiere estar vinculada a la prestación de servicios públicos de carácter esencial.

El Juzgado de lo Social nº 34 de Madrid ha emitido una relevante sentencia (disponible en este enlace) en la que por primera vez se obliga a un empresario a readmitir a un trabajador después de declarar improcedente su despido.

En el actual contexto de crisis sanitaria y económica, hay despidos inevitables, pero en otras ocasiones hay directivos que despiden con demasiada alegría, sin considerar los problemas que puede acarrear el despido de un trabajador.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado nulo el despido de una azafata que publicó un relato en clave de humor sobre un incidente que la compañía había sufrido en Venezuela, además de ciertas anécdotas de su vida como azafata. El fallo revoca la sentencia del juzgado, que consideró el despido improcedente. Admite que, además de no revestir la gravedad suficiente, se ha vulnerado la libertad de expresión de la empleada.

Al formalizar un contrato de trabajo, es posible establecer un periodo de prueba durante el cual ambas partes pueden resolver el contrato sin necesidad de alegar causa justa, sin preaviso y sin indemnización alguna. El periodo de prueba está regulado en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores que establece que “Podrá concertarse por escrito un periodo de prueba”.

Trabajadores del campo, principalmente extranjeros, sin contrato, sometidos a jornadas extenuantes, muy por encima de lo legal, sin derecho a un mínimo descanso, y con salarios muy por debajo del convenio. Y, a la más mínima protesta o bajo rendimiento, despedidos. Es el resumen de un nuevo caso de esclavitud laboral detectado en la provincia de Granada, en la comarca del Poniente, en este caso por la Policía.

La Dirección General de Empleo ha denegado a Dominion el expediente de regulación de empleo (ERE) por fuerza mayor que había solicitado esta empresa auxiliar de la térmica de Lada para sus 25 trabajadores al considerar que no se dan las circunstancias necesarias para aprobarlo ya que el desmantelamiento de la central eléctrica de Iberdrola se anunció hace tres años.

La Audiencia Nacional refrenda esta forma de comunicación porque la necesaria adaptación a la realidad social imperante en ese momento obligaba a apartarse de lo que son los hábitos y usos ordinarios en las comunicaciones entre empresario y trabajador.

Si, en tal caso, no cupiera la posibilidad de diferir el disfrute del permiso retribuido a un momento distinto de los referidos períodos, estos últimos se vaciarían de contenido, puesto que los trabajadores tendrían que dedicarlos a atender a las necesidades y obligaciones para las que están previstos los permisos retribuidos.

La Residencia de Alzheimer de Getafe del Grupo Edad Dorada asumirá finalmente el coste de las PCR de sus profesionales, ha informado hoy Comisiones Obreras, que ante ello desiste de la presentación de la denuncia ante la Inspección de Trabajo prevista para este lunes. El sindicato considera que las medidas de filtrado son "una clara responsabilidad empresarial".

El Juzgado de lo Social nº 3 de Santander ha dictado una sentencia en la que condena a la empresa de contact center Teleperformance España a pagar con carácter retroactivo a toda su plantilla (250 trabajadores) las retribuciones de incentivos y comisiones de las vacaciones desde el año 2017.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha ratificado el Convenio número 182 sobre las peores formas de trabajo infantil de manera unánime entre todos sus Estados Miembros, tras la ratificación por parte del Reino de Tonga. Se trata de la primera vez en la historia de la OIT que se ratifica de manera universal una convención internacional del trabajo.

Tras los grandes cambios que la Revolución Industrial hizo patentes en el mundo del trabajo, fue necesario comenzar a regular las relaciones laborales entre la patronal y las personas asalariadas. Fue el 24 de julio de 1873 cuando se aprobó en España la primera ley creada específicamente para tal fin: la ley Benot. Su objeto fundamental era proteger a los menores de las abusivas condiciones en que se les empleaba en los establecimientos industriales.

El TS reitera que actualmente no existe ninguna norma en vigor, de carácter legal o convencional, de la que pueda desprenderse que el empresario esté obligado a instalar un comedor de empresa en un centro de trabajo con las características establecidas en la normativa de 1938.

El intenso calor del verano puede ser, para muchos, un aliciente para relajar la vestimenta en la oficina, cambiando la elegancia de los trajes o uniformes por conjuntos más casuales. En este contexto, surge la duda de hasta qué punto puede un trabajador modificar su atuendo para adaptarse a las altas temperaturas, y si, por otro lado, la empresa puede llegar a sancionar al que se pasa de informal.

Frente a los, ya por todos conocidos, Expediente de Regulación de Empleo Temporal o ERTE, ¿existe algún colectivo que posea de alguna protección especial frente a los mismos?; si toda la plantilla no está afectada por aquel, ¿debe seguir el empresario algún “criterio de selección”? Intentando resolver tales cuestiones, consideramos oportuno, por su actualidad, citar el reciente pronunciamiento del Juzgado de lo Social nº 7 de Valencia en su Sentencia 125/2020, de 8 de junio.

El Juzgado de lo Social de Palma número tres ha condenado a Emaya a modificar el horario laboral de un trabajador para posibilitar la conciliación de su vida laboral y familiar. Ante esta sentencia no cabe recurso.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha reconocido por primera vez el síndrome del túnel carpiano como enfermedad profesional para las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, en una sentencia "pionera".

La presidenta del sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social explica la labor de este sector público, las irregularidades que suelen encontrarse en empresas inspeccionadas, los fraudes con el trabajo infantil o los becarios y la propia precariedad que existe en el servicio de Inspección.

Un juzgado de Madrid anuló el cese del que fuera director de Hacienda, Transportes y Movilidad del Ayuntamiento de Móstoles, que denunció casos de corrupción. Al entender que su desvinculación de la corporación municipal vulneró la garantía de indemnidad que protege al empleado público de las represalias de sus superiores, el Juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo tomó la decisión a su favor.

CCOO y UGT, sindicatos mayoritarios en Correos, denuncian que la empresa se niega a facilitar medidas de protección al personal que realiza las tareas de reparto en la calle. Ambos sindicatos vienen denunciando ante la empresa desde hace años el peligro que para este colectivo supone el calor extremo y la radiación solar ultravioleta, ya que la mayor parte de su jornada transcurre a la intemperie.

Según los hechos, la empresa pregonaba la flexibilidad horaria: la directora de la sucursal bancaria dijo que no había control ni registros porque apelaban a la responsabilidad de cada uno.

El TSJ Galicia confirma la procedencia de un despido por el uso habitual durante la situación de IT del móvil de empresa, la tablet y el dispositivo de telepeaje puestos a disposición del trabajador, pues entiende que existe un abuso de confianza, dado que un protocolo de la empresa impedía su uso para cuestiones ajenas al trabajo, sin que impida la procedencia del despido que el perjuicio económico sea escaso o nulo.

Mercadona implanta la jornada laboral 5+2 en todas sus tiendas a partir de este lunes 3 de agosto. La medida, que se incorpora tras haber realizado una prueba de horarios en 31 supermercados, permitirá a todo el personal de tienda trabajar cinco días a la semana y disfrutar de dos días de descanso.

En un comunicado, el sindicato destaca que los trabajadores "están sin descansar" porque la empresa OHL-Ingesan "incumple los cuadrantes, poniendo en riesgo la salud laboral y demostrando que solo le importan los beneficios", ha manifestado el secretario de Organización del sindicato provincial de Construcción y Servicio de CCOO, Álvaro García.

El Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo reconoció la infección o muerte por Covid-19 de los sanitarios como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo, por haber estado expuestos a ese riesgo durante el ejercicio de sus respectivas profesiones, independientemente de la fase de la pandemia en la que hubiesen contraído la enfermedad. Ese derecho específico se perdió un mes después de finalizar el estado de alarma (a partir del 22 de julio) aunque la pandemia no ha finalizado, siguen atendiéndose afectados y...

La Inspección de Trabajo gradúa la sanción en su grado máximo y sanciona al Organismo Estatal con 6.250 euros por una infracción grave en materia de ropa laboral.

El juzgado de lo social número 15 de la ciudad de Valencia ha decidido archivar la causa de algo más de 300 'glovers' (repartidores de la empresa Glovo) de la capital del Túria, según informó ayer Intersindical Valenciana. Está decisión ha sido tomada tras apelaciones de Glovo y la Tesorería General de la Seguridad Social argumentando la situación de la pandemia de la covid-19.