Policías y agentes fiscales queman viviendas y destruyen los lugares sagrados en una comunidad indígena de Corpus Christi, Canindeyú (Paraguay), aprovechando la ausencia de los integrantes de la parcialidad. Los indígenas no se encuentraban en el momento del desalojo y destrucción debido a que participaban en una audiencia a la que fueron convocados por la jueza Silvia Cuevas para tratar el caso de sus tierras. La misma juez es la responsable de la orden de desalojo y quema en el mismo horario.