Los tres catedráticos de Derecho Administrativo que han comparecido este jueves en el Congreso para exponer sus recetas anticorrupción han coincidido en reclamar mayor autonomía para la Oficina de Control de Conflicto de Intereses, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, pues consideran que el órgano que ha de controlar las incompatibilidades de los altos cargos difícilmente podrá hacerlo con independencia si depende directamente del Ejecutivo que los nombra y al que pertenecen.