Los afectados, hijos de residentes que no fueron hospitalizados en Madrid, piden indemnizaciones al Ministerio de Sanidad y a la Comunidad de Madrid de entre 60.000 y 200.000 euros

A continuación dejamos toda la información sobre los pases del documental de manera actualizada

Marta Bernardo ha preguntado en su turno de palabra sobre lo ocurrido en las residencias de mayores madrileñas durante la primera ola de la pandemia. "¿Cómo es posible que esta Asamblea haya vetado hasta en cinco ocasiones en los últimos años que se celebrara una comisión de investigación para saber la verdad de lo ocurrido con las 7291 personas fallecidas en las residencias?", ha demandando Bernardo. Sin embargo, apenas ha podido terminar la frase porque, en seguida, la presidenta de la comisión la ha interrumpido llamándola a la cuestión

El hijo es quien ha presentado la demanda, tras el fallecimiento de sus padres en marzo y en abril de 2020 en sus domicilios, sin haber recibido atención médica, "como consecuencia de la aplicación de los protocolos de exclusión elaborados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso", presidenta de la Comunidad de Madrid, según ha expresado la asociación. Estos protocolos son conocidos como los "protocolos de la vergüenza"

La investigación sobre las muertes en las residencias de Madrid durante la primera ola de la pandemia se reiniciaba hace cosa de diez días en la Eurocámara. El Parlamento Europeo estaba dispuesto a profundizar en los conocidos como protocolos de la vergüenza que impidieron la derivación de miles de personas a hospitales durante los primeros meses de pandemia. Sin embargo, todo tendrá de algún modo que volver a empezar después de que el Partido Popular Europeo (PPE) haya votado en contra.

“El miedo de las personas responsables” que atendían los centros y “la falta de recursos” impactó en la Operación Balmis, que además tuvo que desviar sus mejores recursos y médicos del Ejército para la “obra faraónica” del hospital de campaña en Ifema, según un dosier interno al que ha tenido acceso elDiario.es. “La evolución de la situación de las residencias de mayores en Madrid, llevó a adoptar la medida de no asignar o asignar cometidos mínimos al Batallón de la UME con base en Madrid en Extremadura y Castilla-La Mancha".

Los datos oficiales de la propia Comunidad de Madrid revelan que hubo más de 7.291 víctimas. Tras más de 300 querellas, sin embargo, todavía no existe una sola condena. El PP sigue empeñado en censurar y vetar todo intento de transparencia.

Miércoles 13 de Noviembre a las 20:30h: sesión especial con coloquio a cargo de Juanjo Castro (director)

“Si mañana volviera a haber una pandemia, estaríamos peor que en 2020 (…) Los 7.291 mayores se iban a duplicar”. Este es el resumen que hace la oposición de la gestión de la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, de las residencias de mayores más de cuatro años después de que la región notificara el primer caso de Covid. Por aquel entonces, dejando a un lado los conocidos como protocolos de la vergüenza, las comisiones por la compra de mascarillas y otras polémicas que todavía a día de hoy persiguen a la presidenta madrileña.

Hemos impedido que el @Europarl_ES cierre la investigación de la muerte de 7291 personas en la Comunidad de Madrid durante el COVID. La petición de @MareaResidencia sigue viva en la Comisión de Peticiones.

"En Quebec, los criterios para las restricciones estaban ligados al avance de la COVID en los mayores, no a si tenían enfermedades crónicas o discapacidad cognitiva. Se derivaban según la gravedad del coronavirus; mientras más alta, había más posibilidades de internación. Desde el punto de vista médico, no se explica el uso de los criterios para el protocolo madrileño. Lo que sucedió no tiene que ver con el virus, sino con las decisiones políticas”, afirma Béland en un perfecto español.

Esas son las palabras que nunca podrán borrar, por más que las maquillen con excusas. No fue un simple error, ni una casualidad. Fue un cálculo frío, una decisión deliberada, que dejó a miles de nuestros mayores a su suerte, encerrados en residencias convertidas en trampas mortales. x.com/nenedenadie/status/1828396506795159578?t=2MmdERobU67TeEQpaiX3DA&

No fue ni tras la declaración del estado de alarma ni tras la publicación del Protocolo de la Vergüenza. Pasó mucho antes. Los traslados de los mayores enfermos de covid-19 desde las residencias a los hospitales en la Comunidad de Madrid empezaron a restringirse el 7 de marzo, cuando la ocupación de las camas ni siquiera llegaba al 10%. Las cuatro versiones de las instrucciones que oficialmente impidieron esas derivaciones tan sólo tuvieron por tanto una explicación: ratificar por escrito lo que ya se estaba haciendo. Dar, en definitiva, una especie de amparo a los geriatras que hacían efectiva la decisión de mantener en los geriátricos a los mayores infectados.

Esta es la carta que los familiares de los fallecidos en las residencias de Madrid por los protocolos de la vergüenza de Ayuso enviaron a Fiscalía y CGPJ. Conclusiones: comisionverdadresidenciasmadrid.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/

"La Comunidad de Madrid, la única comunidad de España y me atrevería a decir del mundo, en la que se impidió el acceso de los mayores a un cuidado sanitario durante la pandemia. No es lo mismo morir ahogado que morir sedado, no es lo mismo morir acompañado que morir abandonado..."

Está es la temperatura de una habitación en plena ola de calor sin aire acondicionado porque @IdiazAyuso @adavimu no consideran personas con derechos a los que viven en la Gran Residencia

No se trata de echar muertos a la cara de nadie. No es lícito utilizar políticamente el dolor de las familias que han sufrido la pérdida de seres queridos. Este es el comportamiento lamentable, carroñero incluso, que los dirigentes de la derecha, incluido el gobierno autonómico de Madrid, han mantenido respecto al reciente asesinato de dos guardias civiles a cargo de unos narcos en Barbate. El PP y Vox no han dudado en echar esos fallecidos y a sus familias contra el ministro del Interior y han utilizado el caso hasta la náusea con fines electorales en Galicia. No obstante, sí es preciso reclamar las respuestas que hasta ahora no se han dado en relación al fallecimiento de más de 7291

Sr. Miranda de las Heras de AMAS y Ana Dávila responsables directos de que nuestros familiares coman platos que no saben ni qué son.

Se tiene que seguir por los abuelos. 7291 ancianos muertos.

La líder acusa a los promotores de retorcer el dolor, y apunta que citó un texto legal cuando dijo que una persona mayor “no se salvaba en ningún sitio” en la pandemia. “Llevamos 25 sentencias judiciales donde se nos da la razón”, ha dicho Ayuso durante una intervención en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. “Sería el colmo que me llevaran a un tribunal por leer en la Asamblea de Madrid la sentencia de otro tribunal, que es lo que hice ese día”, ha opinado.