El juez Castro, un magistrado honesto e independiente que trata de hacer justicia al pretender sentar en el banquillo de los acusados a la Infanta Cristina por sus presuntas conductas delictivas, lucha contra un fiscal sometido a las directrices del Gobierno, que se ha convertido, equivocando su papel, en un vehemente defensor de la Infanta; una Abogacía del Estado dependiente directamente del Ministerio de Justicia, que se niega a proteger los intereses del propio Estado; y una Inspección de Hacienda controlada por el Ministerio de Hacienda,