El rey Juan Carlos era ya inviolable cuando ascendió al trono el 22 de noviembre de 1975 como sucesor de Franco como jefe de estado de la dictadura. Esa inviolabilidad era en realidad la misma impunidad que disfrutaba el dictador, una condición imprescindible cuando los caprichos tienen el rango de ley, y fue traspasada al rey sin solución de continuidad.
La continuidad de Juan Carlos al frente del estado fue una de las condiciones sine qua non impuestas por el poder político militar franquista para permitir el paso a una democracia de corte occidental. Y la impunidad también persistió con el novedoso nombre de inviolabilidad en el texto constitucional elaborado al efecto. Con la aclaración de no sujeción a responsabilidad alguna por si alguien dudaba del significado de la palabra.
Hay un debate entre juristas sobre si esa inviolabilidad se refiere o no únicamente a los actos derivados del ejercicio de su cargo. El hecho cierto es que hasta hoy ha prevalecido la postura de inviolabilidad para el total de sus acciones. Es decir, el equivalente a la impunidad de la que disfrutaba el dictador y el propio rey al sucederle.
Es por tanto inútil, salvo a efectos de inventario, tratar de investigar las supuestas corrupciones del rey emérito durante el tiempo que disfrutó de su puesto de jefe de estado. Algo que cambió el 19 de junio de 2014 al abdicar en un gesto orientado a la preservación de la institución monárquica tras salir a la luz su estrecha y oculta relación con Corinna zu Sayn-Wittgenstein. A partir de ese momento perdió su inviolabilidad y pasó a ser simplemente aforado. El rey podía ser imputado por cualquier delito, en particular por los supuestos de fraude fiscal y blanqueo de capitales que parece va a investigar el fiscal del Tribunal Supremo, el competente para ello debido al aforamiento del rey.
Aun así, los sectores más conservadores y monárquicos tratan de poner en duda que sea lícito investigar esos supuestos hechos delictivos, pues eso sería equivalente a atacar el sistema democrático español. Como dice Marhuenda: los que atacan al rey son los que quieren acabar con el espíritu de la Transición, la Constitución y la propia España. Para ellos, monarquía y democracia son conceptos inseparables y la Constitución del 78 es un marco incomparable que no puede ser tocado.
Pero la falacia de esa afirmación es evidente. No es España, es la idea de España que defienden y que en las últimas elecciones resultó claramente minoritaria en votos. Lo realmente democrático es investigar los delitos y castigarlos si se llegan a probar. Cualquier otra opción sería la comprobación definitiva de que el actual régimen hunde sus raíces en el régimen dictatorial anterior y no ha sido capaz de desprenderse de los efectos de ese origen.
Naturalmente, esa investigación provoca temblores en la institución monárquica que temen que adquieran la categoría de terremoto al avanzar el tiempo y la investigación. Algo comprensible al analizar las últimas encuestas al respecto que muestran que la monarquía pierde estrepitosamente el favor de catalanes, vascos, gallegos, españoles de izquierda y jóvenes. Algo inasumible en una institución supuestamente garante de la unidad de la nación cuya única justificación es por tanto el consenso a favor de la monarquía entre los ciudadanos (que no súbditos).
Veremos cómo avanza la investigación, pero cualquier cierre en falso debería ser tan demoledor para la monarquía como llegar a la certeza de la comisión de delitos por parte del rey emérito. Y es que el rey actual ha heredado del anterior su cargo y no parece dispuesto a renunciar a él. Algo inasumible si solo tienes a tu favor como mérito la velocidad punta de un espermatozoide.
Salud
Esteban_Rosador 
ochoceros 
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