El Tribunal Supremo asestó en febrero uno de los golpes más contundentes a la gestión de la Comunidad de Madrid. El Alto Tribunal sentenciaba que el plan de choque contra las listas de espera en la sanidad madrileña contaba con aspectos inconstitucionales al ofrecer unos pactos de gestión a los profesionales sin negociarlos con los sindicatos. Ahora el Gobierno de Ángel Garrido sugiere saltarse lo dictado en los tribunales.