Desde hace años, la casi totalidad de los gobiernos italianos han aprobado leyes para aportar su granito de arena al muy ambiguo ámbito de la “seguridad”. Sin solución de continuidad, el parlamento transalpino ha ido endureciendo progresivamente las penas para delitos ya existentes, al mismo tiempo que creaba otros muchos nuevos (y no eliminaba prácticamente ninguno).