El Ministerio de Seguridad Social contraviene al Supremo, que en 2023 dictaminó que no es necesaria la presencia de la patronal para incoar el procedimiento de estudio para la aplicación de los coeficientes reductores, como CGT demandaba. El Supremo validó la pretensión de CGT porque lo contrario vulnera el derecho fundamental de libertad sindical de los trabajadores. A pesar de ello, el Gobierno pretende consolidar los últimos cambios normativos y dejar en manos de la patronal la jubilación de los trabajadores de sectores de riesgo.