Las plataformas en defensa de los derechos públicos sobre el patrimonio van a acudir a a instancias europeas para denunciar las inmatriculaciones de la Iglesia. Los colectivos asumen como un un triunfo de la ciudadanía que el gobierno haya derogado la reforma de la Ley hipotecaria que permitía a la Iglesia católica para registrar inmuebles como si fuera una administración pública. Pero lamentan que la derogación no tenga efecto retroactivo.