En menos de un mes finaliza el plazo para que cualquier ciudadano inmerso en un procedimiento de ejecución hipotecaria –el paso previo al lanzamiento o desahucio- pueda oponerse a él. Los jueces pueden paralizarlo de oficio si consideran que el contrato hipotecario puede contener cláusulas abusivas. Se lo permite la recién aprobada Ley de Medidas para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, Reestructuración de Deuda y Alquiler Social, así como la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).