El 18 de junio, la Eurocámara votó la directiva europea que permite internar en centros de reclusión a los inmigrantes sin papeles, en todo el territorio de la UE, hasta 18 meses como máximo, para una vez identificados –tarea más bien complicada para la mayoría de los ilegales-, devolverlos a sus naciones de origen. También se contempla el internamiento de menores y su expulsión a países donde no tengan ni familia ni tutor, siempre que haya “estructuras adecuadas de acogida”.
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