El ministro de Cultura, César Antonio Molina, se escuda en vacíos legales para no examinar las cuentas de la sociedad privada de gestión de derechos de autor, la sociedad receptora del canon digital. Al parecer, dice el ministro, el Constitucional atribuyó la competencia para examinar las cuentas a las autonomías en 1997 y la norma se modificó.
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