Insiste en que, desde el traspaso de las competencias de Costas, es la única administración competente sobre el caso, pero el Ministerio de Transición Ecológica recalca que es quien decide sobre el dominio público y las concesiones transitorias que se dieron a ambos establecimientos. Es el último capítulo de un enfrentamiento entre ambas administraciones que comenzó meses antes de que se procediera a la transferencia al Gobierno canario de las competencias en materia de costas.