La Audiencia Provincial de Sevilla y el Supremo: “no han respetado el límite constitucional del respeto a la ley”. Ambos tribunales repiten hasta la saciedad que el sistema de ayudas a través de las “transferencias de financiación” que se arbitró para hacer frente a los ERE era un sistema “ilegal”, a pesar de que tal sistema figuró durante diez años consecutivos en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.Se hace abstracción del “principio de legalidad” para poder calificar de “ilegal” un sistema de financiación.