La acusación pública solicita penas que suman 11 años de prisión y conllevan hasta 20 de inhabilitación absoluta. Se requiere al acusado para que preste una fianza de 74 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en su caso, pudieran imponerse. Si no lo aporta, serán embargados sus bienes en cantidad suficiente.