Cuando se analiza la estructura del gasto público español se observa el muy importante papel que ocupan las pensiones, al absorber casi el 30% del total. Los saldos negativos han necesitado un préstamo anual del Estado por un valor acumulado en torno a 90.000 millones de euros, pero la necesidad de recursos ha sido bastante superior. Esta forma de financiación de las pensiones mediante crecientes transferencias del Estado es legítima, si bien contradictoria con un sistema contributivo.