El 5 de diciembre de 2018 entró en vigor en España la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales que, en su Título X, recoge el derecho de los ciudadanos a tener un testamento digital. La idea es buena, pero la definición del mismo es tan genérica y la casuística que intenta cubrir tan variada que este no aporta prácticamente nada que no incluyera ya el Código Civil, vigente desde 1889.