Desde la llamada transición, hemos escuchado y leído sobre la restitución del patrimonio histórico. Pero siempre se trató del patrimonio perteneciente a los sindicatos. Más tarde, como resultado de las negociaciones políticas entre el PSOE (Partido Socialista) y el PNV (Partido Nacionalista Vasco), se reconocieron los derechos de las organizaciones políticas. Pero, ¿alguien ha oído hablar de la restitución de los bienes incautados a quienes, habiendo sido miembros de organizaciones del bando republicano, perdieron sus propiedades por el simple hecho de ser de izquierdas?
El hecho es que, al igual que las posibles reclamaciones que se podrían haber hecho, tampoco han salido a la luz. Al menos no con determinación y no en los foros públicos en los que aparecieron las reclamaciones de las organizaciones. Nadie les prestó atención... excepto los interesados. A las reclamaciones individuales presentadas a la administración tras la votación de la ley (los casos más conocidos son los de algunas de las personalidades más eminentes de la República, cuyas familias exigían la devolución de bibliotecas y bienes culturales), la respuesta fue, en su momento, que la ley sólo reconocía derechos a las organizaciones sindicales.
La posibilidad de descubrir algo sobre el tema se me presentó a raíz de un hecho fortuito: en 1986, respondiendo a un encargo de la CGT (entonces todavía CNT) de investigar el patrimonio histórico libertario, tuve la oportunidad de visitar y trabajar, con otro grupo de compañeros, en numerosos archivos locales y provinciales de todo tipo de organizaciones, rastreando las posibles incautaciones realizadas por el régimen de Franco tras la guerra. Por ello, me encontré en los archivos de una diputación provincial con un descubrimiento espectacular: una sala de unos 20 metros cuadrados llena de expedientes de incautación de bienes en los pueblos de esa provincia y de las provincias vecinas. La persona que me acompañaba y yo pasamos toda la mañana buscando en un gran número de expedientes -había miles de ellos- los que se referían a organizaciones libertarias, lo que nos permitió examinar y conocer un gran número de estos expedientes, agrupados, que se referían a incautaciones concretas.
Pudimos ver suficientes expedientes para hacernos una idea de la estructura de los procedimientos seguidos en la incautación de la propiedad privada: un edicto del alcalde de la ciudad, normalmente falangista, convocando a los habitantes pertenecientes al bando republicano a presentarse en el ayuntamiento. Al cabo de cierto tiempo (¡quién iba a presentarse sabiendo lo que le esperaba!), se emitió un nuevo edicto en el que se comunicaba la incautación de los bienes de quienes no se presentaran. Y a continuación se enumeran estos bienes: una casa de un piso con un corral, una mesa, 4 sillas, un comedero para guardar el pan, 3 gallinas, un trozo de tierra, un arado, etc. A continuación, los bienes incautados se sacaron a subasta pública: ¿quiénes participaron en la subasta? Podemos imaginar que no fueron otros vecinos del sector "rojo" sino los vencedores de la guerra... Pudimos comprobar que había casos en los que se podía decir que una mitad de la ciudad se quedaba con la propiedad de la otra mitad...
La lectura de los expedientes nos permitió vislumbrar las terribles y brutales historias que se desprenden de estos alegatos escritos, apilados sin orden en un sótano olvidado de un archivo provincial: familias a las que se les quitó todo como represalia por no entregar a un pariente al pelotón de fusilamiento o a la cárcel porque era "rojo" o había sido denunciado como tal por un vecino. Y esta situación se repitió una y otra vez, pueblo tras pueblo. Pudimos ver algunos casos, pero era aterrador pensar en lo que esto podría significar para toda España.
¿Qué ha pasado entre ayer y hoy?
Parece claro que durante la noche del franquismo, a ninguno de los afectados se le pasó por la cabeza presentar una denuncia. Pero hoy, en una democracia, quizás con la ley reconociendo los derechos de las organizaciones históricas de la época de la guerra o de los que se consideran herederos, alguien podría plantearse reclamar lo que le fue robado de forma tan canallesca.
Dejamos los archivos con la idea de volver y hacer un trabajo más sistemático. Esto llevó más de un año. Cuando volvimos, los archivos de la diputación ya tenían un nuevo director que fue muy amable con nosotros. Le preguntamos por los expedientes incautados, que parecían estar escritos en chino para ella. Bajamos al sótano, abrieron la sala donde habíamos visto los expedientes apilados casi hasta el techo, y... ¡estaba vacía! Nadie pudo darnos una explicación sobre el destino de los miles de archivos.
Unos meses más tarde, tuve una cita en Madrid con un conocido historiador de la España contemporánea, y por tanto de la guerra, que me dijo que había visto expedientes como los que habíamos examinado y que, en uno de sus viajes a los archivos españoles, había visto una circular de la Administración que recomendaba la eliminación de expedientes del tipo que mencionamos en aras de la concordia nacional y la desaparición definitiva de las dos Españas...
Carlos Ramos
Fundación Salvador Segui de Madrid
Traducido por Jorge Joya
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