Un niño en su casa destruida por un bombardeo en la localidad de Faj Attan, Yemen
(Foto: Gabreez / Oxfam Yemen)
"Yemen está al borde de la hambruna, una epidemia de cólera afecta a casi un millón de personas, la guerra ha provocado la muerte de más de 8.000 personas y heridas a casi 60.000 y el desplazamiento interno de tres millones de personas.
Ambas partes del conflicto han violado las leyes de la guerra y la coalición saudí ha cometido decenas de crímenes de guerra con su incesante lluvia de bombas en más de 15.000 bombardeos, un tercio de los cuales han sido a escuelas, hospitales, mezquitas o mercados"
¿Cuestión de confianza o de aplicar la ley? (María del Pozo, Jordi Armadans, Sara del Río, Paula San Pedro y Alberto Estévez)
Responsables y Coordinador de la campaña Armas Bajo Control de Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón
La campaña Armas bajo Control hace balance de los diez años de la Ley española de comercio de armas y exige al gobierno que ni un arma o munición ese usen para violar los derechos humanos
Hartas. Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón estamos hartas de repetir en nuestros informes periódicos acerca de la aplicación de la Ley española sobre comercio de armas, que este 28 de Diciembre cumple 10 años, que es necesario avanzar en transparencia y control.
Pese a que, en conjunto, es una buena ley y ha habido avances en estas materias, aunque insuficientes, su aplicación es mejorable.
Es hora de echar la vista atrás, evaluar su aplicación y adoptar medidas para garantizar que ni un arma española se usa para violar los derechos humanos. Por eso hemos pedido al Congreso que cree una Subcomisión que se ocupe del tema el próximo año. Ese es nuestro primer deseo para 2018.
El segundo es que el Gobierno cumpla la ley y detenga la venta de armas a Irak y a la coalición saudí que bombardea Yemen incesantemente desde hace más de 1.000 días . En ambos casos existe un riesgo sustancial de que armas “Marca España” se usen para cometer crímenes de derecho internacional.
Son dos casos paradigmáticos de la deficiente aplicación de la ley. Yemen está al borde de la hambruna, una epidemia de cólera afecta a casi un millón de personas, la guerra ha provocado la muerte de más de 8.000 personas y heridas a casi 60.000 y el desplazamiento interno de tres millones de personas.
Ambas partes del conflicto han violado las leyes de la guerra y la coalición saudí ha cometido decenas de crímenes de guerra con su incesante lluvia de bombas en más de 15.000 bombardeos, un tercio de los cuales han sido a escuelas, hospitales, mezquitas o mercados.
¿Qué más hace falta para que España deje de venderles armas a los saudíes? Acaban de conocerse los datos del primer semestre de 2017, que analizaremos con detalle, pero vemos con preocupación que, en ese período, España autorizó la venta de 141 millones de euros en municiones a los saudíes.
La catástrofe de Yemen no ha impedido al Gobierno venderles casi 730 millones de euros entre 2015 y el primer semestre de 2017. Puede que la “realpolitik” no permita que el Gobierno español imite en este caso al sueco, que no vende armas a los saudíes. Sí puede hacer como el alemán, que al menos ha denegado algunas autorizaciones por el riesgo manifiesto de que se puedan utilizar para violar el derecho internacional. El español, ni eso.
Este mismo mes planteamos de nuevo esta demanda al Gobierno. ¿Su respuesta? Arabia Saudí no está sometida a ningún embargo, tienen garantías de que las armas exportadas son para uso dentro de Arabia Saudí y no para reexportarlas y España dispone de mecanismos para supervisar el empleo de esas armas.
Es, sobre todo, una cuestión de confianza en la palabra dada por un Gobierno “amigo”, pese al pésimo historial saudí de violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra en Yemen y de desvío de armas a grupos armados en Yemen y Siria.
En definitiva, priman la fe sobre la información fidedigna acerca de violaciones de derecho internacional, pero no hay forma de saber que los aviones de reabastecimiento en vuelo o la munición vendidos a los saudíes desde el inicio de los bombardeos hace casi tres años no se están utilizando en Yemen.
España incumple su ley de comercio de armas. Ya lo advertimos al año de su entrada en vigor y lo reiteramos ahora, tras multiplicarse por cuatro las exportaciones de armas entre 2008 y 2016, superando los 4.300 millones de euros en 2016.
La legislación española es clara: “Las solicitudes de autorización serán denegadas y las autorizaciones, suspendidas o revocadas…cuando existan indicios racionales de que el material o los productos… puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad…exacerbar tensiones o conflictos latentes, ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvío o vulnerar los compromisos internacionales.”
Llevamos años haciendo propuestas para mejorar la aplicación de la ley en materia de transparencia, evaluación del riesgo de uso indebido de las armas, control parlamentario y control de las exportaciones.
Mientras esas medidas no se pongan en práctica no podremos creernos las palabras en la Comisión de Defensa en mayo de este año de la Secretaria de Estado de Comercio, que preside el organismo que autoriza las ventas de armas, cuyas actas son secretas por decisión del Gobierno desde 1987 en virtud de la Ley de Secretos Oficiales: “ El Gobierno español no tiene intención de dar prioridad al comercio de armamento y material de doble uso sobre el respeto de los derechos humanos, allí donde mantiene intereses económicos y comerciales; es decir, no priman los intereses económicos y comerciales por encima de los derechos humanos”. Y no lo podemos creer porque no es una cuestión de fe o de confianza, sino de cómo (no) aplica la ley el Gobierno.
(Planeta Solidario, La Vanguardia)
blogs.lavanguardia.com/planeta-solidario/2017/12/28/cuestion-de-confia