En este artículo trataré de explicar las principales irregularidades a las que se han tenido que enfrentar los aspirantes en este proceso y que en muchos casos no se pueden recurrir dado que la administración actúa más como cómplice que como afectada. Si no tienes mucho tiempo al final dejo un resumen de los hechos.
En primer lugar cabe explicar que para la realización de estas pruebas es necesario contar hasta el 20 de julio con numerosos profesores que como norma general estarían de "vacaciones" desde el día 1 de julio. Es decir, si te toca ser tribunal por lo general es un marrón.
Por ello muchos profesores recurren a dos mecanismos que les permiten renunciar a ser tribunal si les toca. El más habitual es presentarse a la propia oposición para obtener otra especialidad distinta a la que ya tienen. El otro es haber impartido clases de preparación de oposiciones en los últimos 5 años a aspirantes que participen en el proceso.
Por este motivo no es raro ver que varios profesores se juntan para impartir este tipo de cursos. El único problema es que si cobran por ello deben solicitar ante RRHH un permiso de compatibilidad.
Hasta aquí todo normal. Las pruebas tendrán lugar en Burgos, así que la lógica dice que para causar el menor trastorno y el menor gasto posible la mayor parte del tribunal debe ser de Burgos, dado que dichos profesores deben continuar en su puesto de trabajo habitual por las mañanas hasta el 30 de junio. De no ser posible se empezaría a tirar de profesores de la provincia más cercana (Palencia).
La sorpresa salta el día de la publicación de los tribunales.
Por un lado resulta que el número de profesores de Burgos y Palencia son una minoría frente a una mayoría que van directamente desde Valladolid. Esto no es motivo de reclamación, pero resulta cuanto menos llamativo.
Por otro lado tenemos que dos de los miembros del tribunal titular y uno del suplente habían impartido un curso de preparación a un reducido grupo de aspirantes dos meses antes del examen. Esto se pone en conocimiento tanto de los sindicatos como de la administración educativa competente. Su respuesta es que no van revocar al tribunal ya que esas personas pueden renunciar hasta el día antes del examen.
Es decir, los opositores no tienen forma de saber hasta el día del examen si les van a evaluar los miembros del tribunal titular o alguno de los suplentes.
Las sospechas se confirman el día del examen, cuando se descubre que, según inspección, de los dos profesores del tribunal titular, uno había solicitado la renuncia el día antes alegando otros motivos (y se le fue concedida) mientras que el otro había solicitado la renuncia alegando haber impartido este curso, pero la administración no se lo había admitido, por lo que se mantiene como primer vocal del tribunal.
Es decir, intentaron renunciar una vez que el examen ya estaba elaborado para que los suplentes solo tuvieran que corregirlo.
Todo esto se pone en conocimiento del inspector de educación, que responde que no es motivo de rechazo, ya que el curso que impartieron solo eran "unas ponencias" para las que no era necesario solicitar la compatibilidad.
Se empieza a vislumbrar que el tribunal no había sido elegido al azar sino que las personas que lo forman están apoyadas y nombradas desde arriba.
El examen que se planteó ese día daría para otro artículo, pero los resultados dan una idea de ello: De 140 aspirantes, que en su mayoría ejercen a diario la función docente, solo 7 llegan al aprobado.
Para la corrección de este examen el tribunal utiliza un "brillante" mecanismo de anonimato entre aspirante y tribunal: asignan a cada aspirante un número aleatorio y se pide que en el examen nadie ponga su nombre y apellidos sino que se ponga el número. Vaya, como si no pudiera mandarle mi número por Whatsapp a mi amigo del tribunal para que me corrija adecuadamente.
A diferencia de otros exámenes públicos este no se realiza en papel autocalcable sino en papel convencional. Los enunciados no se hacen públicos y no puedes volver a revisar tu examen, sólo puedes solicitar que el tribunal lo vuelva a corregir para poner una nueva nota.
Es decir, una vez sales del examen no puedes saber cuáles eran las preguntas, no puedes saber cuáles eran tus respuestas y no puedes saber qué nota mereces realmente.
En otras palabras, el tribunal puede poner la nota que quiera a quien quiera sin que haya posibilidad de que otros se den cuenta.
Pese a todo esto hay un aspirante que solicita por escrito la revisión de su examen. El tribunal desestima su reclamación en un escrito público en el que figuran todos los datos de esa persona incluyendo nombre, apellidos, DNI y hasta la dirección postal de dicho opositor.
Este escrito es uno de los documentos que en estos momentos puede descargarse desde el portal oficial de resultados:
www.educa.jcyl.es/dpburgos/es/informacion-especifica-dp-burgos/persona
Es decir, en este escrito se hace un escarnio público del opositor, vulnerando completamente la LOPD para disuadir al resto de opositores a realizar ninguna reclamación.
En RESUMEN, tenemos unas pruebas a funcionario público en las que: el tribunal se ha puesto a dedo desde arriba, hay "opositores VIP" que conocen las preguntas que el tribunal va a poner, hay una opacidad total tanto en las preguntas como en las respuestas y como en los criterios de corrección de los exámenes y si te atreves a reclamar serás expuesto públicamente sin posibilidad de obtener diferente resultado. Por cierto, todos los asistentes a las "ponencias" impartidas previamente por el tribunal se encuentran entre los pocos aprobados.
Ante algunas de estas irregularidades ya se han interpuesto los recursos oportunos para intentar paralizar el proceso, pero hasta ahora la administración ha hecho caso omiso y se espera que las demandas de los opositores vayan tanto por la vía contencioso administrativa como por vía penal.