En un país normal, con unas instituciones públicas normales y con una Ley de Transparencia normal (o, simplemente, una Ley de Transparencia) no pasarían cosas como las que vengo a contar hoy. Pero España no cumple esos simples requisitos. Y los ciudadanos pagamos las consecuencias. Un documento tan simple como los presupuestos de un ayuntamiento, alimentados fundamentalmente con dinero público de todos nosotros a través de los impuestos, debería ser algo fácil de consultar por todos, ¿no?