La cosa no está para rechazar ofertas públicas de trabajo. Uno se juega el cobro la prestación. Y es que el Gobierno Foral se ha puesto duro con la factura social que implica el mantenimiento de las alrededor de 4.000 familias que perciben la renta básica en Navarra. De ahí que haya endurecido las condiciones para conceder este tipo de ayudas y al compromiso de buscar un empleo se une la obligación del perceptor de estar dispuesto a trabajar en los nuevos tajos de "interés comunitario" al servicio de ayuntamientos o empresas públicas.