El comisario europeo de Competencia, el español Joaquín Almunia, tiene en su mesa un expediente cuya resolución puede implicar la pérdida de 87.000 empleos en España en el sector naval. Diecinueve astilleros privados españoles corren el riesgo de desaparecer si Almunia decide que España debe devolver las ayudas fruto del llamado tax lease ( los incentivos fiscales a los que pueden acogerse los astilleros) que la Comisión Europea consideró ayuda de Estado.