Roberto Macías, extrabajador de UGT Andalucía que denunció ante el periódico "El Mundo" una supuesta trama en el sindicato para desviar subvenciones por valor de 40 millones de euros mediante la emisión de facturas falsas destinadas a cursos de formación, ha sido condenado por la jueza del juzgado de lo penal nº 15 de Sevilla a 2 años de prisión por revelación de secretos.
La jueza no ha considerado aplicable la directiva europea de protección de denunciantes de corrupción, vigente desde el pasado diciembre de 2019 y que exime de responsabilidad judicial en casos de revelaciones públicas como éste, argumentando la jueza que no ha sido traspuesta aún por el parlamento al derecho nacional. Cuestión pendiente desde el año 2017, donde todos los grupos parlamentarios se comprometieron a hacerlo ante la Plataforma por la Honestidad, asociación surgida inicialmente en apoyo de Ana Garrido, funcionaria que destapó la trama Gürtel, y a la que se fueron añadiendo otros denunciantes de corrupción, como el exteniente Luis Gonzalo Segura, o el propio Roberto Macías. No obstante, la tramitación de dicha ley se encuentra convenientemente empantanada desde entonces.
La trama destapada por Roberto Macías permitió que se abriera juicio oral por delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil a los exsecretarios generales de UGT-A, Francisco Sevilla y Manuel Pastrana, exculpado por enfermedad, y otras 13 personas dirigentes del sindicato y proveedores, e impuso una fianza de 40,7 millones a UGT, como responsable civil subsidiaria, al considerar el juez que hay indicios suficientes.
La organización sindical, que también se encuentra implicada en múltiples casos de delitos de corrupción en todo el territorio nacional, lejos de pedir perdón por los hechos destapados, depurar responsabilidades entre los infractores, reconocer el delito y devolver el dinero, arremetió contra el denunciante de corrupción, he inició la demanda pidiendo 4 años de prisión y 60.000 € por daños morales.
Modestamente, desde el sindicato provincial de CSC en Sevilla, colaboramos con Roberto para que pudiera defenderse judicialmente ante esta demanda, no solo por una cuestión de solidaridad con un trabajador, uno de los nuestros, sino también porque creemos en su lucha y somos partícipes de ella.
En una suerte de mundo al revés, tenemos al Estado (Parlamento, Junta, fiscalía, judicatura) defendiendo los intereses contrarios a los ciudadanos, con una fiscalía anticorrupción atacando al denunciante de corrupción, defendiendo a los corruptos, mientras ignora la legislación, mostrando la esencia clasista del Estado.
Desde CSC, la actuación deplorable de un sindicato corrupto como UGT, arremetiendo contra sus trabajadores para encubrir sus corruptelas, no nos coge de sorpresa, pues pese a autodenominarse sindicato de clase, su práctica diaria consiste en la traición a los trabajadores, con la firma de convenios colectivos donde se pierden derechos, de despidos colectivos (ERES, ERTES) con los que se llevan suculentas comisiones por cada despedido, a la par que facilitan a las empresas deshacerse de sus plantillas, pagando sueldos con fondos públicos, etc. Todo ello en pago por las millonarias subvenciones que recibe de las instituciones estatales y de la UE. Es más, en la actualidad, UGT tiene abiertos varios procesos por el presunto uso indebido de fondos públicos destinados inicialmente a la formación y que parece ser que fueron destinados a otros fines más oscuros.
Es por ello que, desde estas instituciones, que deberían estar protegiendo el interés de los ciudadanos, se prestan a proteger a uno de sus sindicatos, que buen servicio les presta para justificar la implementación de toda suerte de recortes y reformas contra los trabajadores. Así podemos ver cómo, según la prensa, el anterior gobierno de Susana Díaz, ocultó un expediente que exigía devolver 18 millones de euros a UGT.
Igualmente, en el juicio a Roberto Macías, la Fiscalía Anticorrupción se posicionó en su contra, y alineándose con las tesis demandadas por UGT, en clara connivencia, llegó a pedir 3 años de cárcel y 60.000 € de indemnización, así como tomó la postura contraria a la aplicación de la directiva europea. Posición que finalmente asumió la jueza, y que persigue anular el proceso judicial por corrupción contra UGT, pues con esta sentencia pretende que las pruebas reveladas por Roberto queden anuladas como pruebas obtenidas de manera “ilícita” (situación que la directiva europea impide), y este es el único fin que realmente perseguía UGT-A para librarse de su procesamiento.
En una suerte de mundo al revés, tenemos al Estado (Parlamento, Junta, fiscalía, judicatura) defendiendo los intereses contrarios a los ciudadanos, con una fiscalía anticorrupción atacando al denunciante de corrupción, defendiendo a los corruptos, mientras ignora la legislación, mostrando la esencia clasista del Estado.
Desde CSC apoyamos y nos solidarizamos nuevamente con Roberto Macías, por su valiente defensa de la justicia ante todo un sistema corrompido, y le animamos que lleve su caso hasta las instancias judiciales europeas, que, a pesar de ser igualmente organismos destinados a preservar los intereses de una minoría que conforma una élite económica, tantos reveses han dictado ya contra las resoluciones de una justicia española que pugna por ser la más reaccionaria de Europa.
www.cscsevilla.org/2020/05/2-anos-de-prision-por-denunciar.html
Pepe_Reyertas 
balaurdrakon91 
Komod0r