La trama de UGT-Canarias se apropió de unos 872000€ de los fondos públicos que el sindicato recibió de 2006 a 2010 para la formación de trabajadores. La organización usaba la Fundación para el Desarrollo Social como instrumento para financiarse con las subvenciones que le concedía el Gobierno de Canarias. Así consta en el auto de procesamiento contra los 26 encausados y contra el propio sindicato que dictó el Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria.