Una de las derivadas de la reciente decisión del Parlamento de Cataluña de abolir las corridas de toros es la compensación a pagar a los propietarios de la última plaza en activo. Según alguna estimación, que ha sido presentada como un estudio científico, la compensación se situaría en torno a los 300 millones de euros, una cantidad bastante elevada, pero este cálculo presenta algunos problemas metodológicos que lo invalidan.
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