La Abogacía del Estado ha maniobrado y se ha personado en las diligencias penales, ya archivadas, por la presunta compra de partidos del Hércules. Según fuentes del caso, el Consejo Superior de Deportes (CSD) tiene por tanto acceso a las escuchas telefónicas que el juez había rechazado enviarles. Tienen, por tanto, base probatoria o inidicaria para abrir un proceso que desemboque en una sanción al club alicantino.