Un número creciente de mujeres --110.000 en toda España en el 2009 (26.000 en Catalunya)--, han abortado en los últimos 25 años de forma privada, ignoradas por la medicina pública y toleradas por gobiernos de variado signo ideológico. La decisión de actualizar la ley para dotar al aborto de los requisitos de un derecho, y corregir las incongruencias jurídicas que afectaron a médicos y usuarias, ha dado lugar a un crispado debate que culminó con el recurso del PP, admitido a trámite por el Tribunal Constitucional...