La multinacional acusaba al avilesino de seis delitos: defraudación de la propiedad intelectual (12 años de prisión en total), defraudación de la propiedad industrial (8 años de cárcel en total) y revelación de secretos (3 años de prisión). Además, reclamaba el pago de 840.000 euros en concepto de cada cartucho que el imputado vendió en su tienda (unos 1.400 dispositivos de M3 DS Real). La fiscalía, por su parte, había rebajado la petición inicial de tres años y medio de cárcel a la mitad.