Es la primera vez que se exige que el extesorero del PP haga frente a su responsabilidad civil. Es el procedimiento para solicitar que el extesorero del PP haga frente a una fianza, que ADADE fija en más de 54 millones de euros, para hacer frente a las posibles consecuencias económicas de los delitos de cohecho, fraude fiscal y blanqueo por los que está imputado.