La Constitución española reconoce esta figura en su artículo 125. Aunque ha demostrado su utilidad, resulta fácil instrumentalizarla. Aunque cuenta con detractores también ha dado buenos resultados en España en casos de corrupción y otras actuaciones en la que los poderosos son más reacios a actuar, pero ha demostrado que se puede instrumentalizar por distintas organizaciones -ya en el caso Egunkaria, el lehendakari Patxi López pidió a los jueces que frenaran su "uso perverso"-.