De los siete grandes ayuntamientos gallegos, los de Vigo y Ourense son los únicos que cobran un mínimo obligatorio, una práctica que suscita dudas legales.Municipios, y muchos otros ayuntamientos gallegos, en su mayoría de pequeño tamaño, contradicen el espíritu de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, que aboga por políticas de precios ajustados a la cantidad consumida. No son ni de lejos casos aislados.