Alberto Cortina y Alberto Alcocer fueron condenados en 2003 por estafa en la venta de Urbanor a sus socios. El caso, tras unos cuantos vericuetos legales bastante sospechosos, terminó con la anulación por el Tribunal Constitucional el pasado febrero por considerar que el delito había prescrito. Ahora, la Audiencia de Madrid obliga a los socios a devolver la indemnización pagada en su día por los estafadores: 25 millones de euros.