El Ayuntamiento de Monterrey, a cargo del erario, interpuso el incidente de falsedad de firmas en contra de Eduardo Montemayor en el juicio de amparo mediante el cual se la separación definitiva del alcalde electo popularmente, Fernando Larrazábal Bretón. Lo anterior es una conducta clásica de un Estado represor que sin fundamentos de prueba busca hostigar a los defensores de derechos humanos, quienes tendrán que asumir la carga psicológica y económica de afrontar la acusación penal.