Las cifras son escandalosas. O en Andalucía hay niveles insoportables de dependencia, casi el doble de la media nacional, constituyendo una región menos capacitadas que las otras, con la excepción de Navarra - otro caso escandaloso -, o la Junta de Andalucía es un organismo supereficiente en la tramitación de dichas solicitudes alcanzando niveles de eficacia muy superiores a las demás, o hay una avalancha de solicitudes sin justificar que pretenden un fraude social más.