The London P&I Club, la aseguradora condenada al pago de 1.000 millones de dólares por el desastre del Prestige, sostiene que el Estado español debería acudir a un arbitraje en Londres. El Tribunal Supremo comunicó ayer jueves sentencia definitiva sobre la responsabilidad civil por la catástrofe del Prestige, ocurrida en noviembre de 2002, fijando indemnizaciones superiores a los 1.500 millones de euros. El Estado español es el primer afectado, además del Estado francés, la Xunta y numerosas empresas, particulares y ayuntamientos.