Ante las primeras sospechas, el Rey tomó riendas del asunto y encomendó a su asesor legal, Manuel Romero Moreno, conde de Fontao, la misión de que Iñaki Urdangarin, que presidía la sociedad, "pusiera fin a su vinculación con la misma y a las actividades en que aquella estaba comprometida", asegura el juez Castro en el auto que dicta la fianza civil. Pero, el conde de Fontao se limitó a decirle al duque en una reunión que "podía hacer lo que quisiera siempre y cuando no figurara en ningún órgano de gobierno", ¿Creíble o se protege al Rey?