El último auto respecto a la situación de la R-3 y R-5 pone fecha a la liquidación de la sociedad concesionaria por lo que si Fomento no asumiera la gestión acabaría cerrada. La Responsabilidad Patrimonial de la Administración hace que el Estado tenga que pagar a las empresas en caso de liquidación y quedarse con la titularidad de las vías. El Gobierno cifra en 4.600 millones la deuda de la totalidad.