Agilidad y eficacia. Enarbolando esas premisas, las comunidades autónomas han tejido un potente entramado de sociedades mercantiles, agencias, consorcios, fundaciones y otros entes de naturaleza pública que esquivan los férreos controles habituales en la Administración general. Ni se sabe a cuánto personal dan trabajo y cómo se seleccionó su entrada; ni siempre aplican a sus adjudicaciones los filtros administrativos ni, sobre todo, están sujetos a fiscalización previa.