La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha avalado el decreto de 2008 que regula la exigencia del catalán para trabajar en la función pública y ha confirmado la legalidad de las condiciones específicas fijadas para el acceso al sector sanitario.Precisamente ayer la comisión de Salud del Parlament aprobó una iniciativa del PP por la que se insta al Govern a que el catalán sea un mérito y no un requisito para acceder a trabajar en el sistema sanitario público de las islas.