Hecha la ley, hecha la trampa. Hace ahora un año, el Gobierno socialista aprobó una nueva normativa laboral -la llamada enmienda Telefónica- que obliga a las empresas con beneficios a costear buena parte de los procesos de prejubilación que apliquen. Aunque el proceso prometía encarecer y complicar los ajustes de plantilla pendientes en el sector bancario, las entidades tratan ahora de rebajar la factura con una vía paralela.