La medida prohíbe cobrar el envío de resúmenes de cuenta, movimientos por ventanilla, costos por evaluación y otorgamientos de financiaciones y contratación y administración de seguros. Tampoco podrán cobrar cargos y comisiones por servicios o productos que no hayan sido solicitados, pactados o autorizados por los usuarios, o cuando no haya existido una prestación efectiva. La decisión también se mete literalmente con la letra chica de los contratos, ya que dispone recaudos mínimos que deberán cumplir todos los contratos.