Un informe del Tribunal de Cuentas revela que, para fijar las indemnizaciones por extinción de contrato de los directores generales, el banco decidió en 2013 no aplicar el artículo de la reforma laboral de Rajoy válido para el resto de la alta dirección del sector público sino el Estatuto de los Trabajadores, mucho más generoso en cuantías.Tras el informe, fechado en marzo, la entidad ha renunciado a mantener un estatus privilegiado cuya legalidad sigue no obstante defendiendo.En 2020, el gobernador del supervisor bancario se opuso a la…