La Iglesia se ha venido resistiendo como gato panza arriba a sufragar las indemnizaciones por despido. La ventajista interpretación dada por la Jerarquía Eclesiástica al capítulo sobre Educación, un texto en sí mismo abusivo, atribuye a los obispos la facultad de nombrar o despedir anualmente a los profesores de religión en función de criterios fijados por el derecho canónico: conducta testimonial de vida cristiana. La Administración del Estado, el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas pagan todo con dinero público.