Cualquier Ministro del Interior o Secretario de Estado de Seguridad podrá ordenar cualquier escucha que le interese, por muy injusta que sea. El Juez puede autorizar o revocar la medida a las 24h, pero no tiene medios para actuar en caso de que la medida haya sido absolutamente arbitraria o injusta. Adiós al secreto de las comunicaciones.