Echando un ojo al Código Penal, los delitos contra la Administración Pública son realmente suaves. Por ejemplo, si un cargo público utiliza menos de 4.000 euros para sus propios fines, como mucho se le impondrá una pena de prisión de tres años. Con el mero hecho de prestar conformidad antes del juicio, no irá a la carcel en el peor de los casos.